la andadura de la cooperación al desarrollo

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Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el octavo Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). En esta Cumbre de la Sostenibilidad han participado unas 10.000 congresistas, lo que la convierte un verdadero referente para el desarrollo sostenible en España.

Su manifiesto es claro y contundente con la indiferencia de la práctica totalidad de las ONG españolas frente a los profundos cambios ecológicos y climáticos que estamos viviendo:

Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayoría de las organizaciones sociales que representan a esta sociedad no tienen entre sus objetivos conciliar el respeto al medio ambiente con sus respectivas actividades, salvo aquellas que han hecho de esta causa su razón de ser.

Desde La andadura, recordamos que la cooperación al desarrollo en España no conoce el color verde en ninguna de sus facetas, careciendo de estrategias de sostenibilidad ecológica a todos los niveles. Este es el caso de la Confederación de ONG de Desarrollo en España, CONGDE, que se preocupa tan profundamente por temas como la correcta utilización de imágenes, o las relaciones entre ONG y empresas. Pero no se ha pronunciado en toda su historia sobre el desarrollo sostenible como concepto básico de una solidaridad que tenga futuro de aquí a 20 años. De hecho, ninguna ONG de desarrollo, ni siquiera las formalmente afiliadas a la UICN, participó en la Cumbre del Desarrollo celebrada en Madrid.

Otro ejemplo: El último esfuerzo planificador de la AECI consistió en una desagradable mezcla de intereses económicos, lucha contra la inmigración irregula y paranoia terrorista, a la que se denomina Plan África. Este documento llega a mencionar difusamente la desertificación como principal problema de África Subsahariana. En realidad, según nos comunican desde la reciente Cumbre de Basilea, el problema es que el continente africano sirve de vertedero para ordenadores y móviles obsoletos de los países industrializados. Si la cantidad de la basura tecnológica generada solamente en Europa se trajera a Nairobi, daría para cubrir la ciudad entera cada año con, atención, un metro de desechos. Lo dice Timo Makela, de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Pero lo que le interesa al Gobierno español no son los desiertos ni los agujeros negros de la basura electrónica ni los vertidos accidentales como el de Costa de Marfil, sino los acuerdos para permitir la sobreexplotación pesquera por parte de empresas españolas. A su vez, estos acuerdos dejan en paro a los pescadores del Occidente africano, que encuentran un precario negocio alternativo en la construcción y venta de cayucos.

A mediados de la legislatura socialista y tras los incontables muertos en los muros de la vergüenza y las aguas atlánticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación presentó hace unas semanas el Plan África 2006-2008, con el que prevé mejorar las estructuras políticas, promover la lucha contra la pobreza, fomentar la cooperación en materia de control migratorio y promover "intercambios" comerciales y de inversión. El Plan África incluye cuestiones como la readmisión de inmigrantes, la defensa de intereses del sector pesquero y energético, un aumento de los créditos FAD y una mayor proyección de la lengua española en África. En otras palabras, un Plan con el que finalmente el MAE se ha quitado la máscara benevolente de lo solidario.

Mientras en la AECI se dedican a homenajear a los suyos, no existe reparo alguno en reforzar aún más la condicionalidad de la ayuda española a los países subsaharianos. Ayuda que se encuentra ahora oficialmente ligada a acuerdos de repatriación, que, por cierto, se llevan a cabo en condiciones más que dudosas. Las inversiones de Repsol YPF en Argelia y Mauritania (bajo el término de "seguridad energética") son otro bonito ejemplo de ayuda altruista y "sostenible", no dude en consultarlo con sus amigos bolivianos.

En materia de desarrollo, el Plan África no aporta ideas eficientes ni estrategias creativas, sino que asigna a la cooperación y a la supuesta solidaridad un rol subordinado a unas políticas represivas de inmigración y un severo control de fronteras. Así, justo dos semanas antes de la esperada Conferencia Euro-Africana de Rabat, se ha creado un marco adecuado para seguir reprimiendo los flujos migratorios a costa de los cientos de ahogados en el Atlántico.

De cara al público, hoy se ha firmado el convenio para la creación de la Casa África en Las Palmas que se inaugurará en septiembre. Mientras tanto, el MAE compra las firmas de acuerdos migratorios con créditos FAD y las actuaciones de la AECI se están militarizando (como recientemente en Mauritania). Ya hay suficiente experiencia en esta materia: según indica un reciente informe de Oxfam International, España sigue siendo campeón mundial en la exportación de munición a África Subsahariana.

Varios periódicos españoles, usualmente parcos en cuanto a noticias relacionadas con la cooperación al desarrollo, han dedicado un amplio espacio a la noticia de la adopción por parte de 11 grandes ONG de un código de conducta y transparencia.

Así, El País nos relata que estas 11 grandes ONG (entre ellas Oxfam, Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Greenpeace y Save the Children) se han impuesto de manera voluntaria un detallado código de conducta y transparencia que persigue garantizar y profundizar su legitimidad ante la opinión pública. Con este código, abierto a todas las ONG que acepten esos mismos principios, los firmantes quieren adelantarse a la creciente crítica sobre el poder de estas organizaciones con carencias importantes con respecto a la democracia interna.

Las pequeñas deberían agradecer la información y la oportunidad de que se les deje abierto dicho código, sin poder dejar de recordar que suscriben, al igual que la mayoría de asociaciones y fundaciones activas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, diversos códigos de conducta específicos al sector, existentes en el ámbito autonómico, nacional y europeo. Así, por mucho que desde Oxfam se nos explique que predican con el ejemplo mediante un paso sin precedentes y con la primera iniciativa que establece estándares internacionales en el sector de las ONG, nos cuesta encontrar algo innovador en las escasas ocho páginas de dicho código.

No sólo el documento no aporta nada nuevo respecto a los diversos códigos de conducta vigentes, sino que considera oportuno resaltar lo evidente: las 11 grandes ONG deberán cumplir la ley.

Así, las organizaciones nos tranquilizan al recordarnos por ejemplo que sus políticas de recursos humanos establecen la prohibición específica de cualquier acto de soborno o corrupción por parte del personal o nos aclaran que: a través de nuestras políticas, estableceremos el respeto a la integridad sexual en todos nuestros programas y actividades, prohibiendo el acoso, la explotación y la discriminación sexual. Un nivel de compromiso realmente asombroso.

Por último, preocupa constatar cómo en el ámbito de las ONG se impone cada vez más una lógica de “yo me lo guiso yo me lo como”, dónde la iniciativa privada sustituye el protagonismo de la esfera pública y escapa de todo control y debate. Las 11 grandes ONG no necesitan regulación colectiva alguna, ni colaborar con el resto del tejido asociativo. Al igual que las grandes empresas cuando se lavan la cara con sus códigos de responsabilidad social corporativa, las grandes ONG diseñan sus propias reglas y los periódicos nos informan de lo buenas que son.

Cuando ZP inauguró el talante como paradigma de la política española, se esperaron grandes cambios en la cooperación al desarrollo que poco a poco se han reducido a "pasos adelante" y la "recuperación del tiempo perdido".

Un buen ejemplo es la propia AECI que no solamente se ha quedado estancada en un never ending proceso de reforma hacia un organismo, algún día y tal vez, más independiente y mejor organizado. Hace unos días, los expatriados de la AECI, aquel personal técnico que trabaja físicamente en la OTC, pero se encuentra adscrito oficialmente a proyectos que "pertenecen" al estado receptor de la ayuda, dieron un toque de atención a Leire Pajín con un comunicado difundido entre las agencias de noticias. En él, critican que el recientemente aprobado Estatuto del Cooperante no cubra el personal propio de la Cooperación Española, ya que no cuentan ni con un contrato laboral español. En otras palabras, la AECI mantiene un amplio grupo de profesionales en condiciones grotescamente precarias y vulnerables: no tienen acceso al sistema de seguridad social español ni a un seguro médico ni a la protección consular más allá de la de cualquier español residente en el extranjero. Es decir, se desplaza a los técnicos propios no solamente física, sino también jurídicamente a los PVD, un hecho sin duda único en todo el sistema europeo de AOD.

Efectivamente, llama la atención el que se promueva desde la AECI una legislación favorable para los cooperantes españoles que excluye directamente a un aprox. 70% de su propio personal, unos 160 técnicos (de los 230 totales). Vistas las mejoras laborales del nuevo estatuto del cooperantes, la AECI aparece así como una ETT de subcontratas, frente a lo que las ONGD ofrecerán condiciones parecidas a los expatriados en PVD de cualquier empresa multinacional que se precie. No es difícil prever a qué segmento se desplazarán los cooperantes de mejor perfil ni como avanzará la prevista profesionalización de la AECI.

Pero desde la Avenida de los Reyes Católicos ya promueven sus propias maniobras de camuflaje: Entienden la impaciencia, pero indican que ya se están creando nuevos puestos fijos (a los que no se sabe aún si acceden precisamente los precarios veteranos). También acaban de firmar un convenio con La 2 sobre la realización de no menos de 13 documentales entorno a las labores de los cooperantes españoles del Programa de desarrollo del Sur y Este de la cuenca mediterránea, Azahar. Con ello, según la Secretaria de Estado para la Cooperación, se pretende "sensibilizar sobre las costumbres y el papel de la cooperación española" en la zona, lo que sin duda alegrará a los precarios desplazados entre Líbano y Mauritania.

Por cierto, el día del cooperante, proclamado por el Gobierno junto al estatuto, coincide con aquellos de Extremadura y Asturias, la alfabetización mundial y de Natividad de la Santisima Virgen María. Así hay para todos los gustos.

El viernes pasado, justo antes de viajar su jefa a Centroamérica, Ricardo Martínez, Director General de la AECI para Asia, recibió una delegación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes cuyo alcalde, un tal Emeterio Álvarez, entregó a la AECI unos 40.000 Euros como ayuda de su municipio a la reconstrucción pos tsunami. Según comunica la propia AECI, este momento especial se aprovechó para que sus responsables" explicaran los pormenores de la fase de reconstrucción". Todo es poco para este municipio de 11.447 almas que apareció, quién no se acuerda, en las noticias cuando se negó ceder el prometido polideportivo a los grupos proCuba durante la Cumbre Iberoamericana de Salamanca.

Naturalmente, uno no deja de sorprenderse con las novedades del boletín de la AECI. Parece que, en esta ocasión, la AECI sale al paso de las duras críticas desde las ONGD sobre su ayuda desinteresada a la región afectada por el tsunami, que se compone principalmente de créditos FAD no precisamente bien acogidos por los Gobiernos de la zona. Así, un ayuntamiento de tercera fila cobra protagonismo estatal realizando un minúsculo aporte efectivo. Es decir, dando una ayuda que no se vincula directamente a la contratación de servicios y productos españoles, los que, por ejemplo, no suelen convencer ni en las diversas licitaciones de las Naciones Unidas.

En todo caso, aún con el silencio reinante en el sector, no cabe duda de que en todo lo referido al tsunami más vale no mirar con mucha lupa: La consultora madrileña DARA revisó la supuesta generosidad española tras el tsunami en el marco de la "Tsunami Evaluation Coalition". Los resultados (pdf en inglés) no pueden ser mejores:

- La ayuda española para la reconstrucción consiste en un 90% de créditos FAD con fuerte condicionalidad, por lo que para los receptores es prácticamente imposible gestionarla eficientemente

- La mitad de la ayuda descentralizada (8 millones de Euros) se gastó en la operación militar y especialmente en el traslado de los efectivos del ejército

- España no ha realizado aportaciones al fondo fiduciario de múltiples donantes (Indonesia Multi Donor Trust Fund) del Banco Mundial que armoniza las donaciones de la mayoría de los países OCDE

En resumidas palabras: "España es un donante inoperativo por sus mecanismos de financiación rígidos, lo que igualmente limita su capacidad de ayudar en consonancia con las necesidades y contribuir positivamente a los esfuerzos de ayuda a nivel internacional" (traducción del equipo de este blog).

Eso sí, Emeterio Álvarez (alcalde, por cierto, en crisis) y su ciudadanía solidaria podrán dormir tranquilos.

Un contable de la Fundación AMREF Flying Doctors España, aquella ONGD que organizó parte de la agenda del famoso viaje de María Teresa Fernández de la Vega y Leire Pajín a Kenia, acaba de preguntar en el muy necesario y eficiente foro de consultas de solucionesONG lo siguiente:

"Ante unas pérdidas consecutivas que pueden llegar a reducir los “fondos propios” de la fundación, ¿qué porcentaje es el que sirve como tope para no entrar en quiebra?, ¿en que artículo de la ley figura dicho porcentaje?

Muchas gracias."

El asunto tiene varias facetas dignas de analizar:

Primero, ¿como puede consultar un profesional contable de una ONGD, de bastante peso, tan públicamente un asunto tan delicado en un foro tan abierto? Es más, ¿realmente cree que lo leerán pocas personas cuando su pregunta se distribuye vía un boletín semanal que hoy en día cuenta con no menos de 56.159 suscriptores? (sic)

Segundo, suponiendo que se trata realmente de un pequeño problema financiero de AMREF España, la situación parece ser dramática si ya no cuenta ni con fondos para pagar un buen economista (o uno malo que al menos sabe que las entidades sin fines de lucro no pueden entrar en quiebra jurídica).

Tercero y como indican las respuestas de los expertos, es realmente refrescante conocer de forma tan concreta un aspecto más de la casi increíble libertad y del absoluto descontrol sobre las fundaciones bajo la legislación actual. Es decir, si realmente las deudas de una fundación superan sus activos, el Patronato puede acordar su disolución (sin consecuencias jurídicas) y tan en paz.

Así que, amigo contable de AMREF, aún agradeciendo vuestra sinceridad algo preocupante, se te comunica que no hay nada que temer, no hay ni ley ni porcentaje que regule la quiebra de la fundación, sea tuya o la de otros. Simplemente, el Estado ofrece a las ONGD una fantástica franja gris alrededor de la figura de las fundaciones, con su ya crónico déficit democrático, que no fortalece precisamente la transparencia y la rendición de cuentas.

Desde que Evo Morales, ex líder cocalero, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia y se pasó por medio globo, incluida España, con su famoso jersey de rayas, las relaciones hispanobolivianas se balancean sobre tierras algo movedizas. La razón no es otra que el petróleo y el gas, temas clave para la riqueza y el potencial de desarrollo humano del más pobre de los países latinoamericanos.

Tuvimos que esperar hasta ayer para que el Gobierno de Evo Morales tomara las primeras medidas del anunciado proceso de nacionalización. En realidad, éste ya se había iniciado con las medidas legales contra algún que otro directivo de Repsol YPF, aquella empresa que defiende tan bien la buena imagen de los españoles en América Latina.

Mientras que en otros países europeos la sorpresa ante los soldados bolivianos precitando las instalaciones petroleras ya remitió ayer, desde España se ha enviado esta mañana una comisión interministerial "para tratar la crisis". La composición de esta delegación no deja lugar a dudas sobre la prioridad que nuestro Gobierno da al asunto a pesar de que el comercio petrolero con Bolivia es prácticamente nulo: Viajan representantes de Asuntos Exteriores, Economía e Industria para defender los intereses de Repsol YPF.

Los primeros en pronunciarse sobre este movimiento de fichas, entre las que se encuentran los fondos de la cooperación española y el proceso de condonación de deuda, han sido los Ecologistas en Acción quienes saben que una nacionalización al menos posibilita un uso más racional de los recursos naturales. En cuanto a ONGD, solamente ACSUR, IEPALA, OSCI y Paz con Dignidad están presentes en la "Contrajunta de Afectados por Repsol", cuya página web se está actualizando en estos momentos. Por lo demás, mucho silencio por parte de las instituciones dedicadas a la solidaridad, a pesar de que Bolivia es uno de los destinos más destacados de la cooperación española y cuenta con toda una colonia de expatriados provenientes de la península ibérica.

La razón es bien sencilla y no se basa en una supuesta neutralidad política del quehacer diario de las ONGD españolas: No pocas han accedido alguna vez a fondos de la Fundación Repsol YPF, entre ellas Ayuda en Acción, Codespa, Cruz Roja Española, FAD y FUNDESO. Por si queda alguna duda, la Fundación Repsol YPF también mantiene convenios marco con la Fundación Lealtad (que supuestamente vela por la transparencia de las ONGD) y la Fundación Carolina. La presidenta de la Junta Rectora de esta última institución algo especial es, mira quién bailó, la Secretaria de Estado para la Cooperación, Leire Pajín.

Como no puede ser de otra manera en una ciudad urbanísticamente tan violada como Madrid, el muy popular alcalde de la capital sabe canalizar las demandas sociales de su villa. Después de que el movimiento social más importante que se vivió en Madrid a lo largo de los últimos años se enfocara en los parquímetros (sic), Alberto Ruiz-Gallardón, aquel que no teme a la Fundación Humanismo y Democracia, ha acordado con las empresas cerveceras San Miguel y Mahou que financien "Oportunidades para el Mundo". Bajo este lema, se refiere a una serie de actividades dudosas para "desarrollar ideas y propuestas concretas que contribuyan a construir un futuro mejor para todos los ciudadanos del mundo". Todo ello no en plan chiringuito de playa, sino por valor de - atención - 4 millones de Euros, lo que equivale aproximadamente a un 40% del presupuesto del Programa de Cooperación al Desarrollo municipal.

Como suele ocurrir con el regidor capitalino en temas sociales, todo reluce, pero nada se concreta, así que no sabemos aún como se quiere "trabajar a favor del desarrollo humano, contribuir a erradicar el racismo y la xenofobia, fomentar la convivencia intercultural o proteger a la infancia", todo ello mano en mano con dos fabricantes de alcohol. Al contrario, no hay duda de que los conciertos de siempre, globitos infantiles y folletos brillantes llevarán el logotipo de estas drogas legales, por lo que desde la oposición ya han protestado y se preguntan porqué Mahou y San Miguel no financian también campañas de prevención de consumo de drogas.

Este episodio refleja excelentemente el carácter grotesco de la solidaridad que se está promoviendo, no solamente desde alguna que otra administración pública. La cerveza tal vez podría fomentar una hermandad borrachera en términos de botellón intercultural, pero se desconoce aún como el Ayuntamiento quiere promover la solidaridad y una ciudadanía más responsable con las injusticias del mundo a través de eventos comercializados a través de empresas que, estando en el mercado de drogas legales, quedan fuera del circuito de la responsabilidad social corporativa.

Más anecdótica parece la implicación de la fundación municipal "Voluntarios por Madrid" en la organización de esta maquinaría publicitaria. Creada en abril de 2005 y dotada con un presupuesto anual de 300.000 Euros, "Voluntarios por Madrid" destacó hasta ahora por apoyar la organización de la Boda Real, colocar esta bandera desmesurada del fallido Madrid 2012 y recoger juguetes para Mensajeros para la Paz (sí, esta ONGD tan laica que cuenta con el valioso "apoyo" de Ana Botella). Lejos de mencionar la cooperación, la convivencia intercultural o la solidaridad en sus estatutos, los antecedentes de "Voluntarios por Madrid" son desde luego muy valiosos para responsabilizarse de una coordinación eficaz del acoso solidario que sufrirá la población madrileña en breve.

En las Islas Canarias, la región española sin duda más solidaria con el continente africano, se está celebrando durante esta semana el primer Encuentro de actores de Cooperación África-Canarias. La coordinadora de ONGD canarias, organizadora de la iniciativa, optó por invitar representantes importantes de Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal, tanto de ONG locales como de coordinadoras, lo que supone, en términos de la cooperación española, todo un hito. Ocasión que, por cierto, se pierde la por lo demás omnipresente Leire Pajín, Secretaria de Estado para la Cooperación.

Sin duda, los sucesos de los últimos días aportan una dimensión no prevista del foro. En medio del goteo continuo de pateras procedentes de Mauritania, crece una dura polémica alrededor del informe de la Guardia Civil sobre las avalanchas de cuerpos ahogados en la costa mauritana. En un primer momento, el Gobierno dijo desconocer los 1.700 muertos que acumuló la travesía marítima entre Mauritania y las Islas Canarias entre noviembre y diciembre de 2005, una ignorancia sorprendente ya que, hace poco, en La 2 se comentó esta mareada de cadáveres, descrita por migrantes que habían vuelto a tierra firme. No hace falta ser 007 para disponer de algunos datos básicos sobre el hecho migratorio entre Mauritania y las Canarias.

Por ahora, hay pocas razones para seguir bailando en Nairobi o Maputo, así que el Gobierno de Mauritania recibirá en breve cuatro patrulleras, 14 todoterreno y dos autobuses. La AECI y el ejército se dedican al mismo tiempo a adecuar, en Nuadibú, un centro de acogida para los repatriados desde las Islas Canarias. Se trata sin duda de estrategias muy eficaces para la lucha contra las muertes del atlántico y sus razones verdaderas: más allá de las mafias, la extrema pobreza estructural, el comercio agrícola cuya injusticia roza lo grotesco, los conflictos armados y la actual sequía que azota la región.

Así las cosas, no sorprende que los representantes africanos en el Encuentro afrocanario perciban sobre todo hipocresía e ineficacia por parte de españoles y europeos, no solamente frente a la inmigración. Hay tanto mafias que se aprovechan del tráfico de personas como ONGD españolas y europeas que no atienden las prioridades de desarrollo, sino intereses propios. Una afirmación valiente (la hizo el representante del Consejo de ONGD senegalesas, Boubacar Seck) frente a la siempre altruista solidaridad del Norte. Pero también Monsieur Seck sabrá que aún hay que convencer a una mayoría de los actores de la cooperación española que África y más aún los países más pobres deberían ser la primera prioridad.